Analdex llama al Gobierno Nacional a adoptar un mecanismo sólido para prohibir el ingreso de mercancías con trabajo forzoso al país

• El arancel adicional del 12,5% adoptado por Estados Unidos se suma a la apreciación del peso colombiano, que ha reducido los ingresos en moneda local de los exportadores y estrechado sus márgenes, mientras una parte considerable de sus costos continúa denominada en pesos.

Bogotá D.C., julio 24 de 2026. La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) expresa su preocupación frente a la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de imponer un arancel adicional del 12,5 % sobre una parte considerable de las importaciones de productos originarios de Colombia, como resultado de la investigación adelantada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

En la práctica, para los bienes cobijados, el recargo que venía siendo del 10 % pasará al 12,5 %, lo que representa un incremento de 2,5 puntos porcentuales. El aviso final de USTR establece exclusiones para determinadas subpartidas arancelarias. Entre ellas se encuentran varias correspondientes a café, aguacate, banano y plátano, carbón, petróleo crudo, cacao, entre otros bienes. No obstante, aproximadamente una tercera parte de las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos, se puede ver afectada por esta medida arancelaria.

De acuerdo con USTR, la decisión obedece a que Colombia no ha adoptado ni aplicado efectivamente una prohibición a la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso. Analdex comparte plenamente el objetivo de prevenir el trabajo forzoso y evitar que este tipo de bienes ingresen a las cadenas internacionales de suministro.

No obstante, preocupa que la ausencia de un mecanismo interno robusto se traduzca en mayores costos para las exportaciones colombianas y en una pérdida de competitividad frente a países que sí han adoptado una prohibición, cuentan con un régimen parcial o asumieron compromisos con Estados Unidos.

Colombia queda con una desventaja arancelaria de 2,5 puntos porcentuales frente a competidores regionales como Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, cuyas mercancías estarán sujetas a un arancel adicional del 10 %. Esta diferencia también se presenta frente a importantes competidores asiáticos en diferentes rubros productivos, entre ellos Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Malasia, Pakistán y Sri Lanka. En mercados altamente sensibles al precio, esta brecha puede afectar decisiones de abastecimiento, márgenes empresariales y contratos de exportación.

Ante esta situación, Analdex hace un llamado al Gobierno Nacional para que adopte, con carácter urgente, un mecanismo jurídicamente sólido y operativamente aplicable que prohíba el ingreso al país de mercancías producidas total o parcialmente con trabajo forzoso.

Este mecanismo debe incluir criterios de riesgo, herramientas de trazabilidad, facultades efectivas de control aduanero y una coordinación clara entre las entidades competentes. No basta con una declaración formal, pues Estados Unidos exige tanto la adopción de la prohibición como su aplicación efectiva.

Asimismo, resulta indispensable fortalecer el diálogo bilateral con el Gobierno de Estados Unidos y con USTR. Colombia debe presentar una hoja de ruta verificable, con acciones y plazos concretos, que permita gestionar la reducción del arancel y ampliar las exclusiones aplicables a productos estratégicos, así como evitar que esta medida genere una afectación prolongada sobre las exportaciones nacionales.

La relación comercial con Estados Unidos requiere condiciones estables, previsibles y competitivas. Colombia no puede permanecer en desventaja por una brecha regulatoria e institucional que puede ser corregida. Analdex manifiesta su disposición para trabajar con el Gobierno Nacional, las autoridades estadounidenses y el sector privado en la construcción de una solución que combata efectivamente el trabajo forzoso y preserve la competitividad de la oferta exportable colombiana.

Esta presión arancelaria se suma a la apreciación del peso colombiano, que ha reducido los ingresos en moneda local de los exportadores y estrechado sus márgenes, mientras una parte considerable de sus costos continúa denominada en pesos. La combinación de un mayor costo de acceso al mercado estadounidense y una tasa de cambio menos favorable exige soluciones coordinadas.

Además de gestionar la reducción del arancel, el país debe avanzar en medidas que disminuyan los costos logísticos, energéticos y regulatorios, faciliten el acceso a coberturas cambiarias y financiación exportadora, y mejoren los tiempos de los trámites. El ajuste no puede recaer exclusivamente sobre las empresas exportadoras.