¿Qué sucede en la coyuntura actual entre Colombia y Ecuador?

Ecuador anuncia “tasa de seguridad” del 30% y la sustenta en seguridad fronteriza (21 de enero de 2026)

En el marco de la coyuntura reciente entre Colombia y Ecuador, las tensiones comerciales empezaron a escalar con rapidez a partir del anuncio realizado por el Gobierno ecuatoriano el 21 de enero de 2026, cuando, mediante un Comunicado Oficial de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, se informó la aplicación de una “tasa de seguridad” del 30% a las importaciones de mercancías provenientes u originarias de Colombia, con entrada en vigor prevista para el 1 de febrero de 2026.

La ejecución de la medida estaría a cargo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), “conforme a la normativa vigente”. En el mismo comunicado se señalaron excepciones puntuales como donaciones, efectos personales, ayudas técnicas, así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos. Ecuador justificó el anuncio en la necesidad de reforzar controles aduaneros y de seguridad fronteriza, mencionando riesgos asociados con crimen organizado transnacional, narcotráfico y minería ilegal.

En la discusión pública, adicionalmente, se han señalado elementos económicos de fondo que rodean la decisión, como el déficit comercial de Ecuador con Colombia y el componente de cooperación binacional en materia de seguridad. Más allá de la denominación de “tasa”, el efecto operativo equivale a un recargo generalizado que encarece transacciones, altera condiciones de competencia y eleva la incertidumbre para importadores y exportadores formales. A su vez, el diseño de excepciones sugiere que, al menos en la formulación inicial, se procuró excluir rubros estratégicos asociados al suministro eléctrico y a servicios vinculados a hidrocarburos.

Colombia suspende transacciones internacionales de electricidad con Ecuador priorizando abastecimiento interno (23 de enero de 2026)

La respuesta colombiana incorporó desde temprano un componente energético. El viernes 23 de enero, hacia las 6:00 p.m., el Ministerio de Minas y Energía activó la suspensión de transacciones internacionales de electricidad con Ecuador, señalando como motivación la necesidad de priorizar el abastecimiento interno ante la variabilidad climática y las proyecciones de energía firme. La decisión se acompañó del anuncio de un proyecto de resolución. Si bien el argumento formal se sustenta en seguridad energética, en el contexto del anuncio ecuatoriano la medida se interpretó como una señal de endurecimiento en una relación donde los asuntos comerciales y estratégicos tienden a cruzarse.

Colombia anuncia respuesta arancelaria inicial: gravamen del 30% a un primer grupo de productos ecuatorianos

En paralelo, en el plano estrictamente comercial, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció que Colombia avanzaría con medidas de respuesta. Inicialmente se comunicó la intención de aplicar un gravamen del 30% a un grupo de productos ecuatorianos (se mencionó un conjunto de 20 productos), bajo el mensaje de que sería una medida proporcional, transitoria y revisable, y que se activarían los canales legales correspondientes. En esta fase, el riesgo principal ya era evidente: es normal que cuando ambos países responden con instrumentos que incrementan el costo de la canasta importada, el impacto inmediato recaiga sobre el comercio formal, con efectos en precios, abastecimiento y potencial sustitución por proveedores alternativos.

Colombia expone el alcance de las medidas arancelarias afectando 23 partidas desagregadas en 73 subpartidas

Con el paso de los días, la respuesta colombiana se expuso en alcance a ciertos productos. Posteriormente se informó que el gravamen podría cobijar 23 partidas arancelarias desagregadas en 73 subpartidas, e incluso se señaló la posibilidad de extenderlo conforme evolucionara el caso. En la socialización preliminar se mencionaron bienes sensibles y de uso transversal categorizados en agro alimentos como fríjoles, arroz, banano/plátano, azúcar, además de aceites (incluyendo palma), cacao, alcohol, bentonita, químicos agro como insecticidas, fungicidas, herbicidas y desinfectantes, y un bloque industrial relevante que incluye PVC, autoadhesivos, envases plásticos, llantas, papel/cartón, calzado, tubería y herramientas.

Proyecto de decreto incorpora restricciones por frontera terrestre y controles por seguridad nacional (Ipiales y Puerto Asís)

El proyecto de decreto del Gobierno colombiano incorporó además un componente operativo que trasciende el debate arancelario incorporando restricciones al ingreso por vía terrestre en jurisdicciones de la DIAN en Ipiales y Puerto Asís. Allí se propusieron limitaciones por periodos definidos para algunos bienes (por ejemplo, arroz por 30 días hábiles) y restricciones de mayor duración para mercancías agropecuarias frescas y sensibles, además de controles para ciertos insumos químicos asociados a riesgos de producción de drogas sintéticas como el fentanilo. Con esto, la controversia deja de ser únicamente “cuánto cuesta importar” y pasa a ser también “por dónde y cómo puede ingresar”, aumentando fricciones logísticas y elevando los riesgos de disrupción, especialmente en mercancía perecedera.

Ecuador endurece el frente logístico incrementando un 900% la tarifa de transporte de crudo colombiano por SOTE (desde 23 de enero de 2026)

La coyuntura continuó incorporando elementos de presión desde el componente energético y logístico, esta vez desde Ecuador. En particular, se confirmó un incremento de 900% en la tarifa de transporte de crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), al pasar de US$3 a US$30 por barril, con aplicación desde el 23 de enero de 2026. Esta decisión adquiere relevancia no solo por su magnitud, sino porque impacta un canal operativo que resulta crítico para parte de la producción de crudo en zona fronteriza, cuyo traslado depende de infraestructura ecuatoriana.

De acuerdo con lo reportado, mediante los ductos ecuatorianos se transporta un promedio de 13.250 barriles diarios de crudo colombiano, con una capacidad máxima de 22.000 barriles por día, en el marco de un contrato suscrito en mayo de 2024 entre Petroecuador y Ecopetrol para el servicio de transporte a través de los oleoductos San Miguel–Lago Agrio (OSLA) y el SOTE, con vigencia hasta mayo de 2027. En la práctica, esto implica que la tensión bilateral dejó de concentrarse exclusivamente en medidas arancelarias sobre mercancías y se extendió a costos logísticos estratégicos, con potenciales efectos de segunda ronda sobre competitividad, márgenes operativos y continuidad de flujos asociados a hidrocarburos.

Señales recientes apuntan a un escalamiento adicional y mayor incertidumbre antes del 1 de febrero de 2026

En la etapa más reciente, se registraron señales adicionales de ampliación de medidas por parte de Colombia, incluyendo la posibilidad de incorporar más productos al esquema de gravámenes. Con la fecha del 1 de febrero de 2026 como hito de entrada en vigor de los aranceles ecuatorianos, y con Colombia avanzando en medidas recíprocas y restricciones operativas, el escenario que se configura es uno de mayor incertidumbre y riesgo para el comercio formal. En estos contextos, es común observar pausas de compra, renegociaciones, búsqueda de proveedores alternativos, encarecimiento de inventarios y mayores costos administrativos, efectos que tienden a trasladarse normalmente al consumidor final.

Se hace oficial el proyecto de decreto con las medidas anunciadas frente a Ecuador

En la fase más reciente de la coyuntura, el Gobierno colombiano formalizó mediante proyecto de decreto el paquete de medidas que ya se venía anticipando como respuesta a la “tasa de seguridad” del 30% anunciada por Ecuador el pasado 30 de enero. El texto consolida los anuncios a una propuesta normativa concreta, planteando un arancel recíproco del 30% ad valorem sobre un grupo de productos originarios de Ecuador, acotado a 23 partidas arancelarias desagregadas en 73 subpartidas, aunado a esto las otras medidas de las cuales ya se había hecho mención.

Cancilleres de Colombia y Ecuador revisan agenda bilateral y se activa discusión por medida arancelaria del 30%

En Quito, el pasado 06 de febrero las cancilleres de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y del Ecuador, Gabriela Sommerfeld Rosero, sostuvieron una reunión bilateral de alto nivel orientada a fortalecer el diálogo político y avanzar en una agenda conjunta frente a los desafíos de la región fronteriza. En el encuentro participó una delegación colombiana ampliada, con presencia del Ministro de Defensa y viceministros de diferentes carteras, y se priorizó la cooperación en seguridad para enfrentar el crimen organizado transnacional, con énfasis en narcotráfico, así como asuntos de cooperación judicial, incluyendo el traslado de personas privadas de la libertad y la garantía de sus derechos.

En paralelo, se abordó la cooperación energética bilateral, destacando la necesidad de crear condiciones para reactivar y profundizar mecanismos de integración en energía eléctrica e hidrocarburos. En materia comercial, Colombia solicitó la suspensión de la resolución arancelaria del 30% adoptada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) el 24 de enero de 2026; Ecuador indicó que evaluaría dicha solicitud en una etapa posterior, condicionada al avance de acuerdos en los demás asuntos tratados. Como respuesta, Colombia señaló que expediría un decreto de aranceles de respuesta por razones de seguridad nacional y que presentaría una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones por el desconocimiento de compromisos del Acuerdo de Cartagena.

Ecuador presenta balance de la reunión ministerial con Colombia y condiciona el levantamiento de medidas comerciales a un acuerdo integral

Para la Cancillería del Ecuador, la reunión ministerial ecuatoriano–colombiana realizada el 06 de febrero de 2026 dejó como balance central el reconocimiento, por parte de Colombia, de que la situación que dio origen al desacuerdo se relaciona con la falta de control fronterizo y con dinámicas de economías ilícitas en su frontera sur, y la disposición de avanzar en una estrategia binacional orientada a enfrentar el delito organizado transnacional. En ese marco, Ecuador destacó los compromisos asumidos por Colombia para reforzar el control fronterizo, actuar frente a la minería ilegal y erradicar cultivos ilícitos, apoyándose en inversiones en tecnología e intercambio de información, lo que se plantea como base para recuperar condiciones de seguridad y gobernabilidad en la zona limítrofe.

En el componente de cooperación judicial y asuntos consulares, Ecuador subrayó avances puntuales asociados al tratamiento de personas privadas de la libertad, particularmente el compromiso de Colombia de revisar, en un plazo de tres meses, los expedientes de personas colombianas detenidas en Ecuador, incluyendo 722 casos adicionales, así como la colaboración para gestionar el traslado terrestre hacia territorio venezolano de ciudadanos venezolanos privados de la libertad en Ecuador. Adicionalmente, se registró el compromiso colombiano de revisar el proceso de extradición de un ciudadano ecuatoriano con alerta roja, requerido por la justicia del Ecuador por delincuencia organizada, aspecto que para la Cancillería ecuatoriana se integra a una agenda de cooperación judicial más amplia.

En materia energética, el balance ecuatoriano resaltó el compromiso de Colombia de levantar la suspensión de exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador y reactivar contratos financieros entre agentes privados, mientras que Ecuador manifestó disposición a revisar la tarifa por el uso del oleoducto y a analizar la apertura del paso del río San Miguel para facilitar la movilidad de carrotanques mediante salvoconductos. En el frente comercial, Ecuador planteó como hito que ambos países convergieron en la posibilidad de levantar las medidas arancelarias, pero dejando explícito que ello ocurriría una vez se firme un acuerdo entre autoridades que aborde de manera integral los temas incluidos en la agenda, junto con el compromiso colombiano de levantar restricciones sanitarias a productos ecuatorianos y de permitir el tránsito de camiones ecuatorianos en territorio colombiano sin trasbordo, en reciprocidad al tratamiento otorgado al transporte colombiano en Ecuador.

Hacia una resolución diplomática: El impacto de las tensiones logísticas y energéticas entre Colombia y Ecuador

Analdex sostiene firmemente que, en un escenario de confrontación de esta naturaleza, no existen ganadores, pues los efectos terminan perjudicando tanto a los consumidores como al tejido empresarial de ambos países. La interdependencia entre las economías es tal que cualquier alteración en los canales logísticos o en el suministro de energía impacta directamente en la seguridad económica regional y en la relación de confianza construida por décadas entre los dos socios comerciales.

Ante el endurecimiento de las posturas en el frente logístico y arancelario, la Asociación hace un llamado a priorizar la diplomacia y el diálogo técnico sobre las medidas de presión unilateral. Nuestro presidente Javier Díaz enfatiza que estos «irritantes» comerciales y operativos deben ser abordados en una mesa de trabajo conjunta que permita des escalar el conflicto antes de que se generen daños estructurales permanentes.

Desde Analdex, promovemos los siguientes principios en la relación comercial con Ecuador:

• Preservación del Libre Comercio: Instar a que los gobiernos actúen bajo marcos de entendimiento que garanticen que el flujo de bienes y servicios no se vea interrumpido por disputas arancelarias.
• Soluciones Civilizadas: Analdex espera que se atiendan las convocatorias de las cancillerías para encontrar soluciones negociadas que respeten los acuerdos previos y la hermandad de las naciones.
• Visión de Complementariedad: Recordar que la relación binacional se basa en una oferta exportable complementaria, donde la cooperación logística es fundamental para el desarrollo de los departamentos fronterizos y la competitividad de las empresas que operan en la región.

______________________________________________________

Elaboró: Cristian Camilo García

Revisó: Giovanni Andrés Gómez