Nuevo Comité Técnico de Agencias de Carga Internacional y Operadores Logísticos  

El sector de comercio exterior en Colombia enfrenta un periodo de significativa actividad regulatoria. La expedición de nuevas normativas y la presentación de proyectos de ley con profundo impacto en la operación aduanera y logística han creado un entorno que demanda un análisis técnico y una participación activa por parte de los actores de la cadena de suministro. En este contexto, la articulación del sector privado es fundamental para asegurar que el desarrollo normativo contribuya a la competitividad y a la seguridad jurídica. 

Atendiendo a esta necesidad, Analdex ha establecido el nuevo Comité de Agencias de Carga Internacional y Operadores Logísticos, un foro técnico diseñado para que las empresas del sector puedan analizar las principales iniciativas regulatorias, identificar sus implicaciones operativas y construir una agenda de trabajo conjunta. La primera sesión del comité contó con la participación de más de 17 empresas del sector logístico, lo que evidencia el interés y la relevancia de los temas abordados. 

La agenda del encuentro inaugural, dirigida por la Directora de Asuntos Logísticos de la Asociación, Dra. Aura Díaz, se concentró en tres áreas de alto impacto: el proyecto de ley del nuevo régimen sancionatorio, la futura modificación del régimen de aduanas y el estado de la modernización de los servicios informáticos. 

Observaciones al proyecto de ley del régimen sancionatorio 

El análisis del proyecto de ley del régimen sancionatorio aduanero ocupó una parte central del debate. Los participantes en nuestro nuevo comité técnico señalaron que la propuesta, en su estado actual, presenta deficiencias que podrían generar un alto grado de inseguridad jurídica para los operadores. 

Las observaciones se pueden agrupar en tres áreas principales: 

1. Vulneración del principio de tipicidad

El proyecto de ley introduce figuras y conceptos que, por su indeterminación, contravienen el principio de tipicidad, el cual exige que toda infracción esté descrita de forma clara, completa y sin lugar a interpretaciones. Un ejemplo es la infracción por «no prestar el servicio de trazabilidad de las mercancías», donde la norma no delimita con precisión el sujeto obligado a cumplir con dicho servicio (agente de carga, transportador, etc.). Adicionalmente, se introduce el «principio de máxima diligencia», un concepto que no cuenta con un desarrollo doctrinal o jurisprudencial en el ordenamiento jurídico colombiano y cuya definición en el texto es circular, lo que otorga un margen de discrecionalidad excesivo a la autoridad aduanera. 

2. Falta de proporcionalidad en las sanciones:

Se evidenció una notable desproporción en los montos de las multas propuestas, especialmente al compararlas con las de otras administraciones aduaneras de la región, como la de Perú. En algunos casos, las sanciones máximas en Colombia pueden superar en más de un 500 % a las de su par regional para conductas similares. Asimismo, la estructura de infracciones podría llevar a situaciones en las que un error de carácter técnico, cometido en una declaración formal, sea sancionado con mayor severidad que una conducta deliberada de contrabando, lo que evidencia una falta de coherencia en la ponderación de la lesividad de las conductas. 

3. Aplicación de la gradualidad como un mecanismo de agravación:

El articulado referente a la gradualidad de las sanciones fue objeto de crítica. Se señaló que, en lugar de funcionar como un sistema que permite modular la sanción en función de atenuantes o agravantes, el mecanismo propuesto opera en la práctica como una regla de agravación. Ante la concurrencia de infracciones derivadas de un mismo hecho, la norma ordena aplicar la sanción más grave y, en caso de que las multas tengan igual valor, incrementarla en un 20 %, lo que resulta en una acumulación de sanciones en lugar de una graduación de la responsabilidad. 

Interconexión con la modernización aduanera y tecnológica 

La discusión se extendió a otros dos procesos que, junto con el régimen sancionatorio, definen el futuro inmediato de la operación aduanera. Por una parte, se analizó la anunciada modificación integral del régimen de aduanas (a través de cambios a los Decretos 1165 y 659), que se espera contenga más de 150 artículos nuevos. Por otra, se abordó el estado de la implementación de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. 

Se concluyó que existe una interdependencia crítica entre estos tres frentes. La viabilidad y seguridad jurídica de la implementación de nuevas herramientas tecnológicas dependen de la existencia de un marco regulatorio estable y predecible. La constante modificación de la normativa sustancial y sancionatoria genera incertidumbre para los desarrollos tecnológicos y dificulta la adaptación de los sistemas de los usuarios. 

Hacia la construcción de una agenda sectorial 

El nuevo comité técnico de Agencias de Carga Internacional y Operadores Logísticos se consolidará como un escenario proactivo para el análisis técnico y la formulación de propuestas. La alta participación en su primera sesión refleja la disposición del sector para involucrarse constructivamente en la discusión de las políticas que le afectan. 

El punto de partida para la construcción de esta agenda fue un Focus Group realizado el 22 de mayo en Medellín. Este espacio de diálogo nos permitió recopilar las necesidades y temas de interés de los proveedores logísticos afiliados. Para robustecer esta iniciativa, replicaremos el ejercicio en Bogotá el próximo 10 de julio, invitamos a todas las empresas del sector a sumarse al diseño y fortalecimiento de esta importante agenda. 

El objetivo principal del comité técnico es la construcción de una agenda de trabajo técnica y estructurada, que parta de las necesidades operativas del sector logístico. A través de este foro, se buscará generar documentos de posición y recomendaciones para retroalimentar a las autoridades competentes, con el fin de contribuir a la creación de un marco normativo que promueva la facilitación del comercio, la competitividad del país y la seguridad jurídica para todos los operadores.