Normativa aduanera: cierre 2025

El panorama del comercio exterior en Colombia se encuentra en un punto de inflexión. La presentación de un nuevo proyecto de ley para el régimen sancionatorio aduanero, sumada a las discusiones sobre la necesaria modificación del Decreto 659 de 2024 y la incertidumbre sobre la implementación de los servicios informáticos, configuran un escenario complejo y decisivo para los próximos meses. A continuación, desde Analdex, desglosamos los tres frentes que marcarán la agenda de la normativa aduanera en Colombia.

1. El proyecto de ley sancionatorio

El pasado 13 de junio, la DIAN presentó el borrador del nuevo régimen sancionatorio, destacando una reducción de 357 a 78 infracciones. Sin embargo, un análisis detallado revela problemas estructurales que, de no corregirse, generarán una profunda inseguridad jurídica.

Nuestras observaciones, presentadas formalmente a la autoridad, se centran en tres grandes preocupaciones. Primero, el proyecto introduce un mal llamado «principio de máxima diligencia» que, en la práctica, busca aplicar un régimen de responsabilidad objetiva, contrario a los principios constitucionales que exigen la prueba de la culpa. Segundo, el texto carece de criterios técnicos para definir por qué una infracción es gravísima, grave o leve. Esto conduce a sanciones que resultan desproporcionadas, con multas que en Colombia pueden ser hasta un 525% más altas que en legislaciones vecinas como la peruana por faltas similares.

Finalmente, el proyecto vulnera el principio de tipicidad. Encontramos infracciones que no definen quién es el sujeto obligado, o que, por su redacción ambigua, permiten que un solo error técnico sea castigado con más severidad que un acto deliberado de contrabando. Una normativa aduanera, y en especial, la sancionatoria, no puede ser una estructura punitiva sin cimientos; debe partir de la protección de bienes jurídicos claros para que las sanciones sean justas y proporcionales.

2. La necesaria modificación del decreto 659

El Decreto 659 de 2024, que impuso la obligatoriedad de la declaración anticipada y la nacionalización en lugares de arribo, ha enfrentado serias dificultades prácticas desde su concepción. Como lo hemos advertido desde el gremio, y como fue reconocido por la propia Dirección de la DIAN en la más reciente edición de la revista Exponotas, su aplicación se ve obstaculizada por realidades innegables: una infraestructura física limitada en aeropuertos y fronteras, un déficit de instalaciones adecuadas para la inspección y una deficiente articulación interinstitucional que genera demoras y sobrecostos.

En un avance positivo y como resultado del diálogo con el sector privado, el Director de Gestión de Aduanas informó el pasado 26 de junio que la entidad ya está trabajando en una modificación a la normativa aduanera. Los cambios que se encuentran en revisión, y que atienden a las solicitudes del gremio, incluyen:

• La revisión del término de las 48 horas para la presentación de la declaración anticipada.
• La posibilidad de realizar los procesos de desaduanamiento tanto en lugares de arribo como en depósitos y zonas francas.
• La eliminación del abandono de la mercancía como consecuencia de no obtener el levante reducidos términos de permanencia.
• El restablecimiento del beneficio del operador económico autorizado de no presentar la declaración anticipada cuando sea obligatoria.
• Facilidades para operaciones desde y hacia Zonas Francas con la reincorporación del formulario de movimiento de mercancías para el perfeccionamiento pasivo desde el territorio nacional.

Estos ajustes son indispensables para alinear la normativa aduanera con la realidad operativa del país y evitar un colapso logístico.

3. La incertidumbre tecnológica.

La plena entrada en vigor de muchas de estas normativas depende de la implementación de los nuevos servicios informáticos de la DIAN, cuya fecha se mantiene, por ahora, para septiembre de 2025. Sin embargo, este cronograma está sujeto a una alta incertidumbre.

Por un lado, los cambios normativos que se están discutiendo, tanto en el proyecto de ley sancionatorio como en la modificación al Decreto 659, inevitablemente impactarán los requerimientos técnicos de los sistemas. No se puede desarrollar una tecnología sobre una base regulatoria que está en pleno proceso de cambio.

Por otro lado, y de manera crucial, el Decreto 659 de 2024 enfrenta un serio desafío en los estrados judiciales. El Consejo de Estado ya admitió para su estudio una demanda de nulidad presentada por el abogado Nicolás Potdevin Stein, y actualmente está en curso el trámite para decidir sobre la solicitud de suspensión provisional de la norma. Una eventual suspensión dejaría en el aire la base normativa sobre la cual se están construyendo los nuevos desarrollos informáticos, añadiendo una capa más de complejidad al panorama.

En conclusión, el sector del comercio exterior colombiano se enfrenta a una segunda mitad de año definitoria. Desde Analdex, continuaremos participando activamente en todos los frentes de discusión, buscando siempre que el resultado final sea un marco normativo que promueva la competitividad, la facilitación y, sobre todo, la seguridad jurídica que nuestros empresarios necesitan.

En este entorno de alta incertidumbre y cambio constante, la preparación es la mejor estrategia. ¿Está su equipo de comercio exterior listo para navegar estos desafíos?

En nuestros comités especializados de Analdex, podrá anticipar y analizar los cambios normativos antes de que ocurran, participando activamente en la construcción de las propuestas del gremio. Adicionalmente, para asegurar que su compañía esté plenamente capacitada, ofrecemos programas de formación empresarial a la medida de sus necesidades.

Para más información sobre estas oportunidades, no dude en contactarnos en direccionlegal@analdex.org