Batalla contra el tiempo: $7 billones quedarían en riesgo si el Congreso no aprueba nuevo régimen aduanero antes del 20 de junio

Siete gremios del comercio exterior y la logística pidieron al Congreso priorizar la aprobación de la reforma para evitar un vacío jurídico que afectaría sanciones, decomisos y procesos aduaneros en todo el país.

Bogotá, D.C., 28 de mayo de 2026.

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), junto con otros seis gremios que representan al comercio exterior y a la cadena logística del país, remitió a las Presidencias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes una solicitud conjunta para priorizar en la agenda legislativa el trámite del Proyecto de Ley 312 de 2025 Senado, acumulado con el 331 de 2025 (radicado en Cámara No. 463), que adopta el nuevo Régimen Sancionatorio y de Decomiso de Mercancías en Materia Aduanera.

La comunicación, suscrita el 27 de mayo de 2026 por Analdex, Alaico, Asonav, Cladec, Fenalco, Fitac e ICDT, agrupa a importadores, exportadores, agencias de aduanas, agentes de carga, operadores logísticos, transportadores, zonas francas, comerciantes y a la academia tributaria y aduanera. En conjunto, los firmantes reflejan el ecosistema completo del comercio exterior colombiano y la cadena logística nacional.

El plazo constitucional no admite márgenes

La Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional fijó como fecha límite el 20 de junio de 2026 para que el país cuente con un nuevo régimen sancionatorio aduanero expedido por ley y sancionado por el Presidente de la República. El 19 de mayo de 2026, las Comisiones Segundas Conjuntas de Senado y Cámara aprobaron el proyecto en primer debate por unanimidad. Sin embargo, es necesario el segundo debate en las plenarias de ambas corporaciones, la conciliación de textos y la sanción presidencial, todo dentro de un calendario que se mide ya en días.

“Estamos ante una verdadera carrera contra el tiempo. Si el Congreso no acelera este trámite, las consecuencias jurídicas y fiscales para el país serían muy graves”, afirmó Javier Díaz Molina, presidente Ejecutivo de Analdex.

Por esa razón, los gremios solicitaron respetuosamente que el proyecto sea incorporado en el orden del día de la plenaria correspondiente a más tardar el 2 de junio de 2026, como segundo punto, de manera que pueda surtir oportunamente su trámite dentro de los términos definidos por la Corte.

Las consecuencias de no cumplir el plazo son materiales y graves

De acuerdo con la exposición de motivos del propio proyecto, en aplicación del principio de favorabilidad previsto en el artículo 29 de la Constitución, en ausencia de un nuevo régimen deberían archivarse:

● 8.250 procesos en investigación de fiscalización, por cuantía de $3,25 billones.

● 148 procesos en discusión administrativa, por $1,07 billones.

● 2.453 procesos judiciales aduaneros, por $2,74 billones.

En total, cerca de $7,07 billones perderían su sustento jurídico. A ello se sumaría la imposibilidad operativa de adelantar aprehensiones, decomisos y liquidación de sanciones.

Un vacío regulatorio dejaría al país, en términos prácticos, sin herramientas para combatir el ingreso ilegal de mercancías, en un contexto donde el contrabando ronda los USD 8.225 millones, equivalentes a $31 billones o el 1,6% del PIB, con una pérdida estimada de recaudo en IVA externo y aranceles cercana a $10,4 billones.

“El país no puede entrar en un vacío sancionatorio mientras el contrabando mueve cerca de $31 billones al año en Colombia”, agregó Díaz Molina.

La afectación no se limita al recaudo. El contrabando es uno de los mecanismos predilectos para el lavado de activos provenientes del narcotráfico, y los delitos aduaneros comprometen el empleo formal, la seguridad sanitaria, la protección ambiental y el control de armas y precursores químicos. Un escenario de impunidad regulatoria afectaría por igual a quienes ejercen legalmente el comercio exterior, a la institucionalidad aduanera y al recaudo fiscal de la Nación.

Los gremios firmantes reiteraron que esta solicitud no responde a un interés particular o sectorial, sino a la necesidad de que el país cuente con un régimen sancionatorio aduanero más claro, proporcional, moderno y compatible con los principios de facilitación del comercio, debido proceso, seguridad jurídica y competitividad, y manifestaron su disposición para acompañar técnicamente el debate en las etapas restantes del trámite.

Analdex reitera su compromiso de acompañamiento permanente al trámite del proyecto y su disposición para actuar como interlocutor técnico en la búsqueda de soluciones que protejan la legalidad y la competitividad del comercio exterior colombiano.