Editorial

Durante el año 2021 hemos sido testigos de las consecuencias que ha generado en la economía colombiana las medidas implementadas por el Gobierno para controlar la propagación del nuevo coronavirus Covid-19 y evitar o desacelerar el colapso del sistema de salud. La caída en un 6,8% del PIB, el aumento en la tasa de desempleo que alcanzó el 13,4% al cierre de 2020, el aumento desproporcionado de los fletes marítimos en el último año, entre otros impactos se une a la pérdida de grado de inversión de Colombia.

Como respuesta a la crisis social generada por la pandemia, el Gobierno tuvo que realizar un gasto fiscal de grandes proporciones. Entre las medidas tomadas, se implementaron transferencias monetarias adicionales para la población más vulnerable, subsidios a la nómina, líneas de crédito y otras medidas para mitigar el efecto sobre el sector productivo. Sin duda, esta mayor inversión implicó un aumento importante del gasto, en un escenario en el cual los ingresos tributarios se han reducido drásticamente, en respuesta a la caída en la actividad económica. Ejemplo de lo anterior es que la meta esperada de recaudo de la Dian para 2020 se redujo de $168 billones estimados inicialmente, a $144 billones, lo que implicó una presión sobre el balance fiscal y los niveles de deuda del país. Al respecto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público registró un déficit fiscal de 7,8% para 2020, el cual se proyecta que alcance la
cifra de 8,6% para 2021.

Ante este panorama y en línea con la decisión de Standard and Poor’s, Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de Colombia a BB+ con perspectiva estable. Esta decisión obedece al aumento del déficit fiscal y de la deuda pública, la cual pasó de representar en 2018 el 46% del PIB al más del 60% para 2021.

Aunado a lo anterior, la agencia de calificación tuvo en cuenta para su determinación, la incertidumbre en la evolución de la economía en el mediano plazo debido a la situación económica, política y social que enfrenta actualmente el país, causada por el retiro de la reforma tributaria y de los impactos que puedan generar nuevos bloqueos que interrumpan la actividad económica del país.

Es de esperar que la decisión de las calificadoras de riesgo genere en el corto plazo un aumento en la prima de riesgos del país, que se traduce en tasas de interés más altas y el aumento de la tasa de cambio. En el mediano plazo, esta decisión podría ocasionar la salida de empresas extranjeras que generan empleo en el país, a causa de una reducción en la confianza, con lo que se disminuiría la inversión extranjera y podría aumentar la tasa de desempleo.

Sin embargo, la pérdida del grado de inversión se debe entender como un llamado de atención de las firmas calificadoras de riesgo a reconducir el camino hacía una reforma tributaria que permita reducir la deuda a través de la generación de recursos permanentes para la Nación. Así mismo, apuntar a medidas dirigidas a sobrellevar la crisis generada por la pandemia, la creación y promoción de programas sociales que permitan reducir la pobreza y a generar un ambiente de crecimiento económico, seguridad jurídica y confianza inversionista.

Para lograrlo, desde el sector privado a través del Consejo Gremial Nacional hemos presentado al Gobierno nacional
una serie de recomendaciones para la nueva reforma tributaria que permitirían lograr un ajuste fiscal en el corto plazo a través de la generación de nuevos ingresos con el objetivo de contribuir como sector empresarial a la estabilidad de las finanzas públicas, fomentando así a la competitividad y a la sostenibilidad del país.

No será suficiente con la generación de más impuestos, se requiere hacer algo en el lado del gasto y en la administración tributaria. Al respecto, también proponemos la reducción del tamaño del Estado mediante la identificación y fusión de las entidades que tienen duplicidad funcional y que permitan la reducción del gasto público con el propósito de gestionar de una forma más eficiente los recursos públicos.

El país cuenta con las herramientas para recuperar el grado de inversión en pocos años, sin embargo, el Gobierno tiene la tarea de trabajar en estabilizar la deuda y comenzar a reducirla. Además, focalizar los esfuerzos en aumentar la credibilidad en la política fiscal. En complemento, otro aspecto importante es mejorar las perspectivas de crecimiento. Al respecto, el Gobierno Nacional le apuesta en el Marco Fiscal de Mediano Plazo a que la inversión y las exportaciones sean fuentes de crecimiento económico y de reducción de la deuda exterior y de esta manera, ayudar al país a convertirse en una economía más resiliente y menos vulnerable a mediano y largo plazo. Por eso, resaltamos la importancia de que el Gobierno Nacional trabaje de la mano con el sector privado, para lo cual reiteramos la disposición a ayudar y salir adelante ante la adversidad.