
Analdex y MinComercio fortalecen la agenda público-privada frente a la investigación de la USTR
El Comité de Comercio Exterior del pasado viernes 17 de jul. de 26, analizó el eventual incremento del arancel de 10% a 12,5% para productos colombianos y las acciones necesarias para proteger la competitividad del país en el mercado estadounidense.
Analdex realizó un Comité de Comercio Exterior con representantes del Gobierno nacional, gremios y expertos en política comercial, con el propósito de analizar la investigación adelantada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo la Sección 301, el riesgo de un eventual incremento arancelario para las importaciones colombianas y la respuesta que deberá articularse entre el sector público y el privado.
La jornada contó con la participación de Sofía Cañón, viceministra de Comercio Exterior; Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex; Diego Rengifo, Vicepresidente técnico de Analdex; Giovanni Andrés Gómez, director de Asuntos Económicos de Analdex; Mónica Leonel, directora jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Olga Lucía Salamanca, socia de Política Comercial de Araújo Ibarra Consultores; Laura Valdivieso, presidenta ejecutiva de Asocolflores; y Santiago Marroquín, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia.
Durante la sesión se explicó que la investigación de la USTR evalúa las medidas adoptadas por diferentes países para evitar el ingreso y la utilización de mercancías, materias primas o insumos relacionados con prácticas de trabajo forzoso. En este contexto, Colombia enfrenta el riesgo de que el arancel aplicado a determinados productos aumente de 10% a 12,5%, lo que podría afectar su competitividad frente a países que cuentan con ofertas exportables similares.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que ha mantenido un diálogo técnico y permanente con las autoridades estadounidenses, la Embajada de Estados Unidos y la USTR, orientado a defender los encadenamientos productivos, preservar las exportaciones colombianas y atender las principales preocupaciones planteadas dentro de la relación comercial bilateral.
Como parte de esta estrategia, el Gobierno ha avanzado en la atención de asuntos relacionados con reglamentos técnicos, procedimientos aduaneros y otras medidas consideradas relevantes por Estados Unidos. Asimismo, se destacó la adopción de más de 37 medidas de defensa comercial frente a países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales, así como la presentación de información técnica sobre el origen de las importaciones y las acciones desarrolladas por el sector privado para prevenir prácticas contrarias a los derechos laborales.
Uno de los principales avances presentados durante el Comité fue la publicación para comentarios de un proyecto de resolución elaborado con la participación de los ministerios de Comercio y del Trabajo. La iniciativa busca incorporar criterios preventivos y de debida diligencia para los operadores de comercio exterior, con el fin de fortalecer la identificación y gestión de riesgos asociados con mercancías que puedan estar vinculadas al trabajo forzoso.
No obstante, los participantes coincidieron en que la resolución debe hacer parte de una estructura normativa más amplia. En particular, se señaló la importancia de que el Ministerio de Hacienda y la DIAN avancen en la expedición de un decreto complementario que permita fortalecer la aplicación aduanera, la operatividad de las medidas y su solidez jurídica frente a la evaluación que adelanta Estados Unidos.
También se planteó la necesidad de activar la instancia interinstitucional creada en el marco de la política de derechos humanos y empresa, con el propósito de formular recomendaciones de política pública en materia de trabajo forzoso. Esta actuación permitiría consolidar una respuesta integral del Estado colombiano y enviar una señal clara sobre el compromiso del país con el cumplimiento de los convenios internacionales en materia laboral.
Durante el encuentro se advirtió que las próximas dos semanas serán determinantes para Colombia, debido a que las autoridades estadounidenses podrían adoptar una decisión antes de finalizar julio. En consecuencia, resulta fundamental que las medidas anunciadas no permanezcan únicamente en etapa de publicación o consulta, sino que sean expedidas y entren en vigor oportunamente.
Actualmente, cerca de 27% de la canasta exportadora colombiana hacia Estados Unidos continúa expuesta a estos aranceles. Dentro de este universo, las flores representan aproximadamente una tercera parte, mientras que productos como el café soluble, el aguacate procesado y la tilapia también enfrentan riesgos importantes. Esta situación podría generar desventajas frente a competidores que logren obtener exclusiones o tratamientos arancelarios preferenciales.
Los representantes del sector privado manifestaron su disposición para presentar comentarios técnicos que contribuyan a fortalecer el proyecto de resolución, respaldar su fundamento jurídico y facilitar las conversaciones institucionales con la DIAN y otras entidades del Gobierno. Asimismo, se resaltó la importancia de continuar trabajando con empresas, asociaciones y aliados en Estados Unidos para demostrar que las exportaciones colombianas no están asociadas con prácticas de trabajo forzoso y que la relación comercial genera beneficios para ambas economías.
El Comité concluyó que la respuesta de Colombia deberá combinar solidez normativa, diplomacia comercial, evidencia técnica y una participación activa del sector empresarial. La articulación público-privada será esencial para reducir el riesgo de un incremento arancelario, proteger los sectores exportadores y evitar que el país pierda competitividad frente a otros proveedores del mercado estadounidense.
Analdex continuará acompañando las gestiones del Gobierno nacional, promoviendo el diálogo con los sectores productivos y haciendo seguimiento a las decisiones que adopten las autoridades estadounidenses. El objetivo común será preservar las condiciones de acceso de los productos colombianos y fortalecer una relación comercial estratégica para el desarrollo económico y la generación de empleo en el país.
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Elaboró: Cristian Camilo García
Revisó: Giovanni Andrés Gómez








